El conflicto político existente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que continuará por un año y medio más, afectará las actividades del país.
Las atribuciones y el poder que la Constitución otorga al presidente, son de gobernante absoluto y puede decidir sin control parlamentario. El parlamento puede dictar leyes que impidan actos del presidente, pero este puede vetarlas. Es un equilibrio político inestable que deteriora al país.
Es el problema de nuestra estructura institucional, en la que el presidente es el mandamás, fácticamente inamovible, dispone a su arbitrio de los recursos del Estado, sostiene a funcionarios sospechados por cohecho y a personas que los medios informan que acumulan grandes fortunas. El Parlamento carece de capacidad operativa, se entera por los diarios de las decisiones del Ejecutivo y no tiene medios para su seguimiento ni facultades para impedir que los hechos se consumen.
El pueblo es sólo espectador del problema, y sus representantes parlamentarios no pueden remover al presidente respondiendo a la voluntad popular. El conflicto penetra en todas las actividades y sectores sociales, paralizando la economía y las medidas urgentes que reclama la sociedad. La Constitución debe enmendarse para que el Parlamento pueda remover al Presidente, sin que se genere una crisis institucional.
06/08/10
Dr. Marcelo Castro Corbat
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