FINANCIACIACIÓN DE PRODUCCIÓN EXPORTABLE

La Unión Industrial Argentina (UIA) considera “claramente insuficientes” los créditos para inversión productiva, impulsados con fondos del BCRA y del Bco. Nación y que los aportes del Anses, son solo un “ensayo”. La Presidenta reclamó a los bancos aumentar los créditos a la producción, y ser “imaginativos” para alargar plazos y con tasas fijas, lo que todos los empresarios se lo demandan.

La financiación de inversiones para producir bienes exportables, es normal que se financie en dólares y a largo plazo. El BCRA mantiene Reservas en el exterior por más de 50.000 millones de dólares, que financian inversiones en países ricos, lo que es extravagante; puede colocarlas en bancos del país en la medida que estos den garantías de organismos financieros internacionales o bancos del exterior que reintegrarán en forma inmediata los montos recibidos si el BCRA debe afrontar una corrida cambiaria.

Adicionalmente, urge regularizar nuestra deuda con el Club de Paris para que las empresas argentinas tengan crédito para la compra de bienes de capital en los países desarrollados.

La prosperidad económica y la armonía social de los argentinos dependen del crecimiento de sus exportaciones, las que serán un reactivante del mercado interno.

Dr. Marcelo Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar


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LA CONSTITUCIÓN, ¿PARA QUÉ?

La Constitución Nacional dispone que corresponde al Congreso “imponer contribuciones directas, por tiempo determinado”, “siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. (Art. 75 inc. 2)

El imp. a las ganancias viola los cuatro requisitos: 1-Tiempo determinado: se creó por la crisis de 1930 por 10 años, con bajas tasas. Con prórrogas de 10 años ya lleva más de 75 años y por la inflación, la tasa se acerca al 45% de las ganancias reales, financieramente impagables; 2- Defensa: Argentina no tiene conflictos; el de Malvinas duró 2 meses y medio; 3- Seguridad común: la guerra subversiva abarcó algunos años de la década de los setenta. 4- Que el bien general del Estado lo exija: con esta frase se justifican los abusos de la corrupción en el Estado. El clima es de rebelión fiscal y la cultura, de evasión.

La sociedad está abrumada de impuestos, desde los asalariados, que deben pagar al Estado casi la mitad de sus sueldos, hasta las empresas, incapacitadas para invertir. Se ignora uno de los objetivos de la Constitución que es “promover el bienestar general”.

Los impuestos nacionales impiden el “federalismo”; las normas sobre partidos políticos y la ley electoral, impiden la democracia “representativa”; la autocracia presidencial impide la “República”; “la autoridad de la Nación” es el Poder Ejecutivo: somete al Poder Legislativo e ignora fallos del Judicial.

Dr. Marcelo Castro Corbat
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¿QUIÉN LE PAGA A LOS CORRUPTOS?

La contestación es una: todos los habitantes de la República Argentina, pobres y ricos. A los pobres, que pagan el mayor monto por ser mayoría, la corrupción les impide salir de la pobreza, para los ricos es un gasto menor y para los corruptos es la fuente de ingresos.

En Argentina se instaló la cultura de la corrupción, que es aceptada por la ciudadanía por que se cree que el gasto público, corrupción incluida, lo paga el Estado y no la población. No se difundió que para pagarlo, el Estado se lo debe cobrar previamente a los habitantes. La corrupción es un cáncer en la administración pública y los delitos prescriben judicialmente sin sanción.

No se sabe cual es el costo de la corrupción para los pobres. Con datos aislados puede presumirse que ronda el 35% del presupuesto nacional. Entre otros costos, es corresponsable de que el ingreso de los asalariados haya caído a menos de la tercera parte de lo que ganan sus semejantes en los países que prosperan.

La corrupción política, económica y cultural impide el bienestar general y la prosperidad. Se la debe combatir sin contemplaciones.

La ciudadanía debe comprender que la corrupción es un delito que premia al ladrón, desordena la estructura productiva, y crea enfrentamientos sociales. Los pobres deben repudiar seguir pagando a delincuentes.

Dr. Marcelo Castro Corbat

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INVERSIÓN DEL ESTADO O PRIVADA

Discutir sobre si las inversiones necesarias para prestar los servicios que requiere la población debe realizarlas el Estado o el sector privado es perder el tiempo. Las inversiones deben realizarlas los que cubran mejor y a menor costo los servicios. Lo dijo Deng Xiaoping, y China creció.

En Argentina el Estado ha sido demolido: es ineficiente, penetrado de corrupción, carente de supervisión y controles, gigantesco y paquidérmico. Yaciretá, “catedral de la corrupción”, costó 5 veces más que el monto presupuestado, demoró 3 décadas y no está terminada. Hay un consenso público que la dilapidación y destrucción de riqueza es un componente de la inversión estatal. Ideólogos y corruptos siguen defendiéndola con expresiones altisonantes como defensa de la soberanía, integración social, cubrir servicios que el sector privado no atiende, distribuir la riqueza etc., lo que ha producido el estancamiento económico y social argentino, y bajos salarios.

El inversor privado ineficiente, quiebra. El Estado ineficiente, le cobra las pérdidas a la ciudadanía creando impuestos o endeudándola.

El Estado, paquidérmico, debe invertir en los sectores que son su responsabilidad indelegable: “afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y asegurar los beneficios de la libertad” y dejar al sector privado las inversiones para “promover el bienestar general”.

Dr. Marcelo Castro Corbat
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LA VIVIENDA ECONÓMICA

 La ocupación violenta de terrenos para instalar viviendas precarias y la usurpación de viviendas por grupos familiares es la expresión del grado de  deterioro habitacional del país. El avance de pobladores indigentes sobre predios urbanos, y el crecimiento de la delincuencia, conforman el clima de inseguridad ciudadana en que vivimos.
 El Art. 14 bis de nuestra presuntuosa Constitución, dispone: “El Estado otorgará…el acceso a una vivienda digna”. Desde que el Estado (el gobernante) metió mano en la vivienda, el déficit habitacional está en crecimiento: hizo lo que no tenía que hacer, politizó el tema, creó una maraña de corrupción e ineficiencia, y omitió hacer lo que  se debía, que es involucrar a la ciudadanía para que lo resuelva.
 Cubrir las necesidades de viviendas económicas requiere: tiempo, e invertir miles de millones de pesos que  la empobrecida sociedad argentina no los dispone.  La solución para la inversión es disponer: a) que los capitales invertidos en la construcción de viviendas económicas, para su alquiler o venta, sea computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, y b) que la venta esté exenta del Impuesto al Valor Agregado. Se iniciarán en forma inmediata las construcciones y los tiempos se acortarán.
  La vivienda es un tema de armonía social y orden institucional.

Dr. Marcelo Castro Corbat
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INVERSIÓN O IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Lo absurdo:- La Presidenta expresa en foros internacionales que en Argentina hay excelentes oportunidades de inversión, pero mantiene políticas que paralizan la inversión privada nacional y extranjera. Resultado: los extranjeros no invierten y los argentinos que pueden, invierten en el exterior.

Lo indiscutible:- Producir bienes y servicios, requiere invertir capitales. Generar capitales, requiere que el precio de venta de un bien o servicio sea mayor que el costo de producirlo; es lo denominado ganancia. Sin ganancia no hay formación de capital ni inversión. Con la inflación, el impuesto a las ganancias, absorbe el 45% de las utilidades reales empresarias, e impide la inversión privada. Con la actual tasa de inversión (21% s/PBI) la ciudadanía seguirá empobrecida; la inversión debe acercarse al 30% del PBI.

El impuesto a las ganancias es un impuesto a la inversión, retrasa el desarrollo económico y social, impide la prosperidad del pueblo y es una escuela de corrupción y violación de la ley. Hasta tanto se elimine, las inversiones privadas productivas, en educación, salud, infraestructura y tecnología deben ser computables como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

Dr. Marcelo Castro Corbat
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PARTIDOS POLÍTICOS

  En 1994 se reformó la Constitución incorporando el Art. 38 referido a los partidos políticos, considerándolos “fundamentales del sistema democrático”, garantizando la “representación de las minorías”, la “postulación de candidatos”, y el “sostenimiento económico”.
 Apareció la partidocracia rentable, concretada con la rápida inscripción de cerca de 800 partidos. Están manejados por grupos que declaman defender al pueblo; antes de las elecciones le prometen resolverle los problemas y  después de las elecciones lo ignoran. Son una farsa de la democracia y han caído en   un generalizado descrédito ciudadano.
 El Art. 38 es una ficción adicional a las varias que tiene la Constitución, y no era necesario incorporarlo por ser un tema de legislación, modificable con la evolución de la sociedad y sin la rigidez de una reforma constitucional.
 Produce una incomunicación entre el pueblo y el gobierno que imposibilita el gobierno por el pueblo. Los legisladores que vota el pueblo no son sus representantes; son representantes del partido que los postuló como candidatos y no se sienten obligados con la voluntad ciudadana.
 Para facilitar el ordenamiento institucional del país, y que los derechos que propugna la democracia tengan vigencia, deben modificarse las normas  sobre partidos políticos, el régimen electoral y eliminar el voto obligatorio.

Dr. Marcelo Castro Corbat
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