El matrimonio presidencial y sus subordinados maldicen y amenazan a los ciudadanos que expresan públicamente su rechazo a políticas del gobierno, el desenfreno de la corrupción, la falseada publicidad oficial, las maniobras para apropiarse de recursos de la Nación, comprar dirigentes y votos y, finalmente al enfrentamiento social interno.
Esos ciudadanos son acusados de golpistas, entregados a la sinarquía internacional, vende patria y beneficiarios de la pobreza del pueblo. Son mentiras y dobleces políticas que generan tensiones sociales. En sociedades ordenadas, el gobernante sin apoyo ciudadano es removido; pasó en Inglaterra, EEUU, Japón, y Chile, y puede pasar en los países con gobernantes cuestionados, pero nadie imputa a los ciudadanos de traición a la patria, o la violación de las leyes. Ser destituyente es el primer derecho en la democracia.
En Argentina, el presidencialismo “fuerte” o absolutista de nuestra Constitución, impide en los hechos la remoción del Presidente; el 70% de la ciudadanía votó en su contra, pero no sirve para remplazarlo y el Parlamento carece de los mecanismos legales para hacerlo. El Presidente sigue “fuerte”.
En los últimos 120 años ha habido decenas de golpes de Estado, sangrientos o no, para remover a presidentes. Para evitarlos en el futuro, hay que cambiar nuestro viciado sistema presidencial.
26/07/10
Dr. Marcelo Castro Corbat
Centro Segunda República
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